Antes de que la bala alcanzara a Margarita Enith González Gil en el municipio de San Roque, Antioquia, el 5 de enero de 2025, sin que se lo imaginara, el terreno para su asesinato ya había sido preparado a través de una pantalla de teléfono celular.
Semanas antes del crimen de Margarita, circularon mensajes en grupos de WhatsApp que la tildaban de «colaboradora de grupos ilegales» y «obstaculizadora de la paz», un patrón que se ha venido repitiendo en varios con diferentes líderes y lideresas de Antioquia, en donde la palabra antecede al homicidio, así lo señala el informe «Violencias discursivas, riesgos contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia», presentado por la Fundación Forjando Futuros.
El documento revela que en la última década, 1935 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en el país. Esta tendencia, que es persistente, se agravó en 2025, año en el que se registraron 187 homicidios de líderes y lideresas sociales y que refleja un incremento del 8% frente a los 173 casos del año anterior (2024).
Nora Isabel Saldarriaga, presidenta de la Fundación Forjando Futuros (FFF), advirtió que este fenómeno, a menudo ignorado frente a la violencia física, es determinante para entender el riesgo actual: «los discursos de odio, de desinformación y estigmatización no son solo palabras, son factores que aumentan el riesgo y que pueden abrir una puerta a una grave violencia en nuestro país».
Esta violencia simbólica opera como una herramienta de deslegitimación que, según lo señalado en el informe, al circular en redes sociales y medios de comunicación, reduce el costo social de agredir a un defensor.
Carolina Alzate, abogada de la Fundación e investigadora del informe, explicó que estos ataques son frecuentemente el paso previo a la violencia letal y es bajo un marco discursivo que la defensa de la tierra o del medio ambiente se presenta como una obstrucción al desarrollo, lo que facilita que el activista sea percibido como un objetivo legítimo.
«Hay un patrón de señalamiento hacia las personas defensoras, reconociéndolos, tildándolos o señalándolos como enemigos. ¿Enemigos de qué? Enemigos de la paz, enemigos del progreso que obstaculizan el desarrollo y, que con estos discursos, buscan ilegitimar la labor de liderazgo. ¿Dónde circulan? Redes sociales, medios de comunicación, tanto públicos como privados, pero también lo vemos en personas que tienen una influencia en nuestra sociedad como actores económicos o figuras políticas o estatales que están en nuestro país. Entonces, vemos que primero hay un asunto de desacreditación de esa labor de liderazgo y luego, en esa situación, las personas quedan expuestas y se genera un ataque directo u otras situaciones que deslegitiman la labor.», explicó Alzate.
Para entender este fenómeno, Camilo González Posso, presidente de Indepaz, afirmó que la estigmatización cumple una función deshumanizadora indispensable para los grupos armados y sectores de poder: «La estigmatización deshumaniza al contrario. El contrario ya deja de ser parte de la humanidad y por lo tanto no tiene dignidad y no tiene derecho», afirmó González Posso.
Según las cifras proporcionadas por esta organización, los sectores más golpeados son los liderazgos comunales (24%), los comunitarios (20%) e indígenas (15%) concentrados mayoritariamente en Antioquia y Cauca; además, señaló que 27 lideresas asesinadas en 2025, incluyendo a dos mujeres trans. Para Posso, esta construcción narrativa es lo que permite normalizar niveles de agresión que, en otras sociedades, generarían un rechazo absoluto.
La tensión entre el discurso oficial y la realidad territorial es otra de las tensiones que emergen como una de las contradicciones más complejas del periodo 2024-2025, pues aunque el actual gobierno de Gustavo Petro mantiene un compromiso con la protección de la vida, las organizaciones sociales han denunciado grietas en esta postura. El informe señala que en marzo de 2025, colectivos del Catatumbo acusaron al presidente Gustavo Petro de estigmatizar su labor tras declaraciones en las que sugirió que algunas ONGs estaban «permeadas» por actores armados, lo que generó disgusto entre el sector social pues refuerza las narrativas de criminalización en los territorios.
Para los investigadores de este informe, este tipo de discursos son una paradoja, pues evidencian que la estigmatización no es patrimonio exclusivo de un sector político, sino una práctica arraigada en la cultura política colombiana.
La disputa por la tierra continúa siendo el principal motor de la violencia discursiva y física. Gerardo Vega Medina, socio fundador de Forjando Futuros, señaló que el 50% de los asesinatos de defensores están vinculados a luchas por el suelo, el medio ambiente o la restitución.
«Colombia nunca hizo reforma agraria. Nunca la hizo y ahí está presente. Colombia está atado a ese tema estructural y a ese conflicto», explicó Vega. Esta carencia histórica alimenta discursos que presentan a los reclamantes de tierras como «vividores» o «corruptos», etiquetas utilizadas por actores económicos para frenar procesos judiciales.
Un caso emblemático citado en el informe es el de la página de Facebook «El Boom de Urabá», la cual, sin identificar a sus administradores, difundió acusaciones de corrupción y usurpación contra Vega y su fundación en un contexto de alta sensibilidad por proyectos portuarios y mineros en la región. El informe sugiere que detrás de estas cuentas anónimas suelen esconderse intereses económicos y estructuras armadas que buscan silenciar el acompañamiento jurídico a las víctimas.
Y es que en nuestro contexto actual, evidentemente el entorno digital ha transformado la velocidad y el alcance de estas agresiones, teniendo gran impacto en las mujeres y la población LGBTIQ+ con ataques de misoginia y transfobia que buscan disciplinar su participación en el espacio público.
Katrim de la Hoz, subdirectora de Caribe Afirmativo, señaló que a esta estigmatización se la suman las «violencia por prejuicio», en donde «los prejuicios terminan legitimando la violencia y también la terminan racionalizando. Y creo que es importante ponerlo, cómo esas formas que empiezan, por ejemplo, en una red social, terminan legitimando la violencia racionalizándola. Cuando en 2016 estábamos en plena finalización de la negociación del Acuerdo de Paz, la subcomisión de género lo dijo, que estos discursos, estas violencias que se dan en contra de las mujeres y las personas LGBTQ legitiman otras formas de violencia, que los líderes y lideresas sean asesinados, sean excluidos o discriminados, y ese es un punto central».
Un círculo vicioso que completa el ciclo con la ineficacia judicial. La Fiscalía General de la Nación informó que, de los 1396 homicidios de defensores registrados entre 2016 y 2024, solo en 229 casos se ha logrado una sentencia, lo que representa apenas el 16% de efectividad judicial.
Esta impunidad estructural deja los crímenes sin castigo y, de cierta manera, valida la efectividad de la estigmatización previa. «Si no hay justicia, la estigmatización se convierte en una herramienta de bajo riesgo», puntualiza el análisis del informe.
Finalmente, este documento concluye con una serie de recomendaciones que apuntan a la raíz del problema discursivo. Entre ellas, se sugiere al Congreso de la República evaluar la tipificación penal de la estigmatización como una conducta sancionable o como un agravante en delitos contra líderes sociales. También se hace un llamado urgente a los medios de comunicación para que revisen sus prácticas editoriales y eviten reproducir marcos narrativos que asocian el activismo con la ilegalidad. El derecho a defender derechos humanos en Colombia sigue siendo una actividad de alto impacto y nula garantía, donde el lenguaje hostil es el primer indicador de una muerte anunciada. Sin una política integral que desmonte el nexo entre el discurso y la agresión física, las cifras de homicidios difícilmente abandonarán su tendencia al alza.
