Medellín ha sido el laboratorio de numerosos intentos de diálogo y de mesas de interlocución en favor de la construcción de paz urbana. Sin embargo, los residuos de ese experimento se han regado por toda la ciudad y han tomado otros rostros, otras dinámicas y otros territorios que se convierten en nuevos focos de experimentación.
No es nuevo lo que sucede en la ciudad. Durante la Audiencia Pública del Senado de la República sobre la construcción de la paz total en Medellín y el Valle de Aburrá, se resaltaron los procesos de pacificación urbana que ha vivido la ciudad desde hace casi 30 años y la importancia que juega el barrio y la sociedad civil en la construcción de estos hitos de paz.
La política de paz total, prometida por Gustavo Petro hace dos años en el inicio de su gobierno, se ha territorializado en la ciudad y el Valle de Aburrá convirtiéndose en un halo de esperanza para la llamada paz urbana.
En junio de este año comenzó esta audiencia pública y tuvo continuación ayer, 5 de septiembre, con la participación de diferentes actores de la sociedad civil, juventudes, mujeres, madres buscadoras, representantes de la iglesia, víctimas, delegados de la mesa de negociación de la cárcel de Itagüí, representantes del Gobierno Nacional como la Ministra de Justicia Ángela María Buitrago, y de los y las senadoras, como Isabel Zuleta, Guido Echeverri y Omar Restrepo.
Diego Herrera, integrante del Comité de Impulso de la Paz Urbana, señaló en su intervención un elemento clave que destacaron gran parte de los y las asistentes, y fue la no presencia y el no acompañamiento del Comisionado de Paz, Otty Patiño: “nos metieron en la paz urbana y entonces les estamos pidiendo es que tengan mayor decisión política para avanzar y desarrollar este proceso”, comentó Herrera como un llamado no solo al comisionado sino también al presidente y a su gabinete de gobierno.
“Les estamos pidiendo que tengan mayor decisión política para avanzar y desarrollar este proceso. La paz urbana en Medellín está en crisis y como constituyente primarios exigimos la realización y concreción del derecho humano a la paz en esta ciudad. Reconocemos que los logros de la paz urbana en la región y en la ciudad han sido gracias a los esfuerzos y papel de la sociedad civil que se ha organizado y movilizado de manera autónoma para apoyar y exigir la paz; y también a la voluntad y hechos de paz de los voceros de las estructuras criminales que hoy están en la mesa dialógica en Itagüí”, argumentó el vocero.
Esta misma postura fue expresada por Sebastián Murillo, alias “lindolfo”, quien habló como vocero de las estructuras criminales de la cárcel de Itagüí. Su postura fue clara durante los más de 10 minutos de intervención: la balanza está desigual, no hay voluntad del gobierno para la negociación.
Durante su intervención, resaltó el silencio de la oficina del Comisionado de Paz, así como la insistencia de la contraparte en Itagüí para tener un diálogo y un avance. Además, señaló, el reconocimiento de las víctimas en todo este proceso:
“Ellas nos han buscado pidiendo respuestas y aprovecho este momento para decir que son una parte muy importante para nosotros y para este proceso, pero que, lastimosamente, sin un marco jurídico y sin la presencia del Comisionado de Paz no podemos avanzar, aún no podemos darles esa respuesta”, sentenció.
Murillo afirma que, “las estructuras han mostrado resultados parciales y efectivos en materia de desescalamiento de la violencia, la ciudadanía sabe a quién o a quiénes se debe este descenso, y a la fecha deberíamos tener una ruta clara para el desarme y la desmovilización. Hoy le queremos hacer una pregunta directa y esperamos una respuesta directa: ¿el Gobierno Nacional tiene una voluntad abierta y explícita para hacer las paces en la ciudad de Medellín?«.
Una respuesta que no se hizo esperar. En su intervención, la Ministra Ángela María Buitrago respondió con un rotundo “Sí hay voluntad”, haciendo énfasis en que no solo es Gustavo Petro quien tiene la voluntad, también todo el equipo de gobierno y por eso su compromiso y asistencia en esta audiencia.
“Señor Murillo, se necesita la voluntad de las dos partes y desde ese elemento también es importante la necesidad de comprender a las víctimas hoy, que ya están cansadas de tanta guerra. Hay que desactivar esas causas y condiciones que posibilitaron el origen de la guerra y creo que desde allí es importante entender que el diálogo está abierto y para el diálogo se requiere que las dos partes lleguen a acuerdos, pero que también, mientras está sucediendo lo que está sucediendo, la población que no esté soportando la peor parte”, comentó Buitrago.
Pero no solo se cuestionó la presencia, ausencia o la disposición de ambas partes. Desde la Plataforma Poder Ver, conformada por 19 organizaciones de la sociedad civil, se cuestionó la poca transparencia que está llevando el proceso de cara a las comunidades y procesos sociales que son quienes lo han impulsado y mantenido a flote.
“¿Cuál es la agenda que se ha venido acordando entre voceros de estructuras criminales y la delegación del gobierno? ¿Cómo o cuándo la van a comunicar? ¿Cómo se están abordando las divergencias con los gobiernos locales? ¿Qué medidas concretas se están tomando para garantizar la participación efectiva de la sociedad civil?”, fueron algunas de las incógnitas que esta plataforma puso sobre la mesa.
Lea el comunicado completo aquí: Comunicación de la plataforma Poder Ver a actores estatales relacionados con el proceso de Diálogos sobre Paz Urbana para Medellín y el Valle de Aburrá.
Así mismo, la Plataforma hizo un llamado especial a los empresarios y a la academia como parte importante del tejido estructural y social de Medellín y su Área Metropolitana, pues este proceso no se puede convertir en un asunto aislado, debe estar integrado a diversas estrategias acciones públicas y privadas que apuesten por la consolidación del derecho humano a la paz.
Finalmente, desde el Instituto Popular de Capacitación – IPC se hizo un reconocimiento especial a la sociedad civil como garante y parte activa en el desarrollo de la paz urbana: “No se trata simplemente de un tema de acogimiento a la justicia y ahí es donde la sociedad civil tiene que ser un actor social y político en el proceso de negociación. Si algo nos han mostrado los anteriores procesos de reincorporación es que es mala idea no contar con la sociedad civil, porque precisamente es esa sociedad civil la que va a acoger a esas personas”.
El llamado desde el IPC fue para los senadores y senadoras presentes, para que cuestionen y estén atentos a los discursos y la posición política que están tomando la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Según Carlos Zapata, presidente del IPC, son discursos desconectados de las agendas y apuestas nacionales por la paz: “¿cuál es su compromiso con la paz en el territorio? Porque aquí la sociedad civil está demostrando voluntad política pero nuestros mandatarios no”.
