Sobre el debate público surgido a raíz de la gestión de Gerardo Vega Medina en la dirección de la Agencia Nacional de Tierras – ANT – desde el Instituto Popular de Capacitación – IPC – nos permitimos realizar tres consideraciones:

Primero. No es menor la pregunta sobre las posibilidades reales de avanzar de manera significativa en la materialización de la Reforma Agraria en el actual gobierno, primer gobierno progresista de  la historia nacional, pues el tema de la tenencia de la tierra y el poder político es histórico, y en Colombia, ni las reformas liberales planteadas en leyes desde 1936 han sido posibles.

Sin embargo, lo que sí ha sucedido es el despojo de más de nueve millones de campesinos y campesinas desplazadas del campo, los millones de hectáreas despojadas, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas y negras despojadas de sus tierras y golpeadas por su identidad colectiva. Esto ocurrido en gran medida después de la Constitución Política de 1991, periodo en el que se ha materializado una contrarreforma a sangre y fuego, acompañada de total impunidad y silenciamiento. 

A ello, se pueden sumar los exiguos resultados a siete años del Acuerdo de Paz más importante de los últimos años, firmado entre las extintas guerrillas de las FARC – EP y el Estado colombiano, que comprometió al gobierno la entrega de tres millones de hectáreas al campesinado y a los pueblos étnicos,  sin tierra o con tierra insuficiente, y a la formalización de siete millones de hectáreas.

Segundo. De Gerardo Vega y del equipo de la Fundación Forjando Futuros, podemos dar fe del compromiso real y a riesgo de su propia vida, de al menos 20 años de lucha por el derecho de las familias campesinas a la tierra y a la reparación de las víctimas despojadas. Muchas de ellas han sido luchas compartidas desde el IPC de manera aliada con la Fundación Forjando Futuros y otras organizaciones del país, con la convicción de que la tierra y el territorio sean una realidad material para todos los desposeídos y desarraigados.

Tercero. A continuación, relacionamos algunos momentos importantes en la lucha por la tierra en la historia reciente del país, de los cuales Gerardo Vega y la Fundación Forjando Futuros han mostrado su integridad y compromiso con el Movimiento social de paz, derechos humanos y campesino. Con esto damos testimonio del liderazgo de Gerardo Vega en la reivindicación de los derechos de la población víctima del conflicto armado:

1. En el marco de las discusiones previas a la Ley 975 de Justicia y Paz (años 2004-2005) con respecto a la disputa por el tema de la Verdad sobre el despojo de tierras, Gerardo Vega lideró la atemorizada voz de las familias campesinas de Urabá para hacer visible al país el despojo de tierras. Además, incentivó y apoyó la constitución de las Mesas campesinas, hecho que le valió a él y a los lideres campesinos múltiples amenazas, campañas de desprestigio y a la postre el asesinato de 26 reclamantes de tierras en Urabá y el Bajo Atrato.  
2. Luego, desde la Coordinación en Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR (2006), promovió el tema de la Restitución de bienes con énfasis en el tierras. Desde ese escenario, la la institucionalidad reconoció el despojo de tierras e incluso algunas de las estrategias específicas de despojo secundadas por una institucionalidad agraria corrupta, como el Incoder en Urabá y Córdoba.
3. De igual forma, en el proceso que precedió a la promulgación de la Ley 1448 sobre reparación a las víctimas y la restitución de tierras, Gerardo Vega contribuyó a que finalmente se reconociera al territorio como víctima, se consignara la restitución de tierras en las medidas de reparación para las víctimas de despojo y se diera la creación de la Unidad para la Restitución de Tierras.
4. El desarrollo de campañas  aliadas en las que también participó el IPC, como la de “Tres centavos de dólar por caja de banano exportada para reparar a las víctimas en Urabá”  referente a la empresa Chiquita Brands, la cual entre los años 1997 a 2004 apoyó a los paramilitares aportando tres centavos de dólar por caja de banano exportada y que fue condenada en EEUU a pagar por esos hechos con una multa de 25 millones de dólares. La idea de la campaña fue que se constituyese un fondo de reparación a las víctimas de los paramilitares en Urabá mediante ese mismo mecanismo de contribución de las bananeras. Esta campaña también contó  con el liderazgo de Forjando Futuros y Gerardo Vega. 
5. En igual sentido, la elaboración de propuestas políticas para el gobierno nacional que fueron difundidas y publicadas para la reparación colectiva de tierras por vía administrativa en los municipios de mayor despojo en el país (2012). Acciones que buscaron siempre la reparación de las víctimas del despojo de tierras en el Urabá y que representaron nuevas amenazas y campañas de desprestigio político.
6. Posteriormente, desde la Fundación Forjando Futuros, se emprendió la tarea de implementar el litigio de restitución de tierras, primero en Urabá y luego en todo el país. Con esto, llegaron campañas de poder político y mediático desde los sectores empresariales relacionados al despojo violento de tierras, y bloqueos administrativos y normativos que impedían materializar la restitución de tierras, uno de ellos llamado en su momento “la focalización” y los requisitos para lograrla. Un claro ejemplo es el caso de Urabá, región en la cual no avanzaba la restitución de tierras por “no presentar condiciones para implementar la restitución”.  Pese a ello, se persistió en mantener las banderas de la restitución de tierras, con un nivel de reconocimiento amplio a nivel nacional.
7. También, merece destacarse la contribución realizada por Forjando Futuros y otras organizaciones, a los nuevos mecanismos de justicia transicional como la JEP y la CEV emanados del Acuerdo de Paz, lo que se materializó en la presentación de informes sobre el despojo violento en la subregión del Urabá para favorecer procesos de verdad judicial y extrajudicial.

Por todo lo anterior, reconocemos la labor desarrollada por el señor Gerardo Vega en la Agencia Nacional de Tierras, apoyamos sus cuestionamientos al arsenal de artilugios “jurídicos” para frustrar la reforma agraria y compartimos sus preguntas a la sociedad, al debate público y a la tecnocracia agraria:

¿De verdad las comunidades indígenas, afrocolombianas, negras y campesinas no tienen derecho a gozar de la misma ciudadanía de los habitantes de las ciudades?  ¿Es técnico que ni con la voluntad política que ha demostrado el gobierno se pueda adquirir tierras para los expulsados y excluidos? ¿De verdad no se pueden cambiar las reglas y costumbres que facilitaron el despojo masivo de tierras?

Por último, compartimos que se requiere la paz para avanzar en la justicia agraria y ello requiere nuevos acuerdos políticos y alianzas con quienes tienen la tierra –los 40 millones de hectáreas que poseen los grandes propietarios–, para que el Estado cumpla la función social de redistribución vía compra, porque no puede expropiar cumpliendo la vieja Ley de 1936.

Esperamos que, como en muchas otras ocasiones, el señor Gerardo Vega, que además es socio del IPC, salga avante de las investigaciones que recientemente le abre la Procuraduría. Conocemos de su integridad personal y lamentamos que el gobierno nacional ya no cuente con su trayectoria y compromiso   para la difícil y casi imposible labor de materializar la Reforma Agraria en nuestro país.

El IPC se reafirma en el compromiso de perseguir esa utopía de paz, democracia y justicia en todos los territorios.

Junta directiva IPC

Marzo 7 de 2024 / Medellín, Colombia