Como cada año, el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC) presenta su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el departamento de Antioquia, con el propósito de realizar un seguimiento en materia de vulneración de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el país y departamento durante los últimos tres años.
“Encontramos que para 2023, a nivel nacional, hay una reducción importante en las tasas de homicidio, desplazamiento y confinamiento. Podemos decir que esta disminución responde a las temporalidades de cese al fuego entre el Gobierno Nacional, el ELN y el Estado Mayor de las FARC. Esto no quiere decir que haya bajado la percepción de violencia y presencia de grupos armados en subregiones de Antioquia como el Norte, Nordeste y Bajo Cauca, lugares donde se presentan las tasas más altas de homicidios y desplazamientos del departamento”, comenta Pablo Daniel Barrios, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC.
Dentro de las cifras recopiladas por el Observatorio, se evidencia que en Antioquia hubo una reducción del 32% de los homicidios, lo mismo en relación a las cifras de asesinato a líderes y defensores y defensoras de derechos humanos, pues a pesar de que tuvo una disminución cercana al 10% a nivel nacional, sigue encendiendo las alarmas: en Antioquia, por ejemplo, se registraron 19 asesinatos a líderes y lideresas, concentrados en las subregiones del Norte y Nordeste, y llamando la atención especialmente en la región del Oriente, que registró cuatro asesinatos.
Con respecto al desplazamiento masivo, Antioquia reporta 19 eventos entre enero y noviembre de 2023, que han afectado a 648 familias y 3964 personas.
“Amalfi registró dos desplazamientos, Briceño registró cuatro eventos entre septiembre y noviembre, Cáceres reportó cuatro más provocados por incursión de las AGC en la vereda San Pablo. Por otra parte, Frontino registra un desplazamiento de comunidades Embera eyábida y Segovia reportó cuatro eventos, dos de ellos en conjunto con población de Zaragoza y El Bagre provocados por enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, ELN y AGC”, precisa Barrios.
Por otra parte, el Observatorio de Derechos Humanos destaca que los hechos de conflictividad armada y de vulneración a los derechos humanos coincide con la presencia de cultivos ilícitos y de minería informal e ilegal en el país. Según los datos consolidados para el 2022, en Antioquia hubo una reducción del 4,7% con respecto al 2021; sin embargo, cabe recordar que en el 2021 hubo un aumento del 41,4% de las hectáreas sembradas, con respecto al 2020.
Para el caso de la explotación de oro de aluvión, Antioquia es el segundo departamento con mayor participación nacional (37%) en 2022: Nechí, Zaragoza y Cáceres aportan el 21% de la participación nacional de minería de aluvión a cielo abierto. Además, se evidencia que a nivel nacional el 73% de esta minería de aluvión es minería no autorizada o minería ilegal, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.
Construcción de paz desde la defensa del territorio
Para este año, la presentación del informe contará con la presencia de diferentes organizaciones sociales, mesas ambientales y redes comunitarias que trabajan desde sus territorios por la construcción de paz y la defensa del territorio.
“Desde el IPC tenemos una apuesta en la construcción de paz territorial y ésta pasa por los derechos humanos y por el reconocimiento de los derechos ambientales. En este sentido, buscamos entender de otra manera los derechos en el marco de los fenómenos sociales, las vulneraciones y los conflictos socioambientales que afectan a las comunidades y los ecosistemas”, explica Pablo Barrios, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC.
Estas acciones de construcción de paz, que se han venido consolidando especialmente en subregiones como el Bajo Cauca, el Nordeste, el Oriente y el Suroeste, buscan organizar y defender el territorio de una manera integral que permita a comunidades y organizaciones sociales, campesinas, afrodescendientes e indígenas, contar con condiciones materiales para su subsistencia y su convivencia con el ambiente y el ecosistema.
“La apuesta es comenzar a promover los derechos de la naturaleza o los entes naturales como sujetos de derecho. Es importante conocer las experiencias que tienen las organización para defender sus derechos y la manera en la que han habitado el territorio frente a la imposición de títulos mineros, como es el caso de Marmato, en Caldas; pero también en el Bajo Cauca, donde tenemos la confluencia de la minería legal con la presencia de una empresa como Mineros S.A.S. BIC y el incremento de minería aluvial por parte de los pobladores del territorio”, agrega Barrios.
En este sentido, experiencias como la Red Pluriétnica por la Defensa del Territorio y la Vida del Bajo Cauca, los Guardianes del Río Cauca, la Mesa Ambiental de Jericó y liderazgos sociales del municipio de Marmato, en Caldas; hacen parte de los procesos sociales que acompañarán la presentación de este informe anual sobre la situación de derechos humanos en el departamento de Antioquia.