*Columna escrita por Juan Fernando Puerta Tamayo

Soy Juan Fernando Puerta Tamayo y estoy querellado por cumplir mi labor como periodista durante el cubrimiento del desmonte pacífico de la plataforma de perforación minera por parte de la empresa AngloGold Ashanti, ocurrido en la vereda La Soledad del municipio de Jericó, el pasado 13 de diciembre de 2023.

En los últimos meses he sido testigo y víctima de la censura y los abusos de poder en Jericó, Antioquia, contra la población civil que se opone a estas actividades extractivas que degradan el territorio. Mi interés como periodista ha residido en registrar los sucesos y acciones de resistencia con los cuales los
campesinos del corregimiento de Palocabildo, de Jericó, defienden de manera pacífica el territorio contra la sudafricana AngloGold Ashanti.

El 16 de abril de 2024, durante una audiencia pública de la querella interpuesta contra 61 campesinos y líderes ambientales de la región interpuesta por la Anglogold Ashanti, un acontecimiento crucial en el marco del conflicto socio-ambiental en la vereda La Soledad, fui injustamente censurado por el Inspector
de Policía del municipio, quien solicitó que apagara la cámara del celular durante el ejercicio de mi labor periodística en un evento de vital importancia para la comunidad.

Es alarmante cómo en los últimos años, seguidores y empleados de la empresa minera AngloGold Ashanti se han dedicado a estigmatizar a la población que defiende el territorio, a través de campañas de desinformación, con el propósito de desacreditar la protesta pacífica y las legítimas reclamaciones de los campesinos y líderes del territorio, hechos que han profundizado divisiones y fracturado a la sociedad jericoana deteriorando el tejido social.

En un contexto donde el interés económico prevalece sobre la integridad social y ambiental es fundamental denunciar estas prácticas nocivas que socavan los cimientos mismos de la comunidad. La lucha por la justicia, la verdad y la preservación del entorno adquiere una relevancia aún mayor en un escenario marcado por la ambición desmedida, el oportunismo ante la vulnerabilidad de una población y el desprecio por el bienestar colectivo.

El agua, la vida y la defensa del territorio se erigen como pilares esenciales para la continuidad de la especie humana en el planeta. En medio de un entorno donde la empresa minera AngloGold Ashanti ha desencadenado el caos y la desconfianza, la labor de periodistas independientes, comprometidos con la verdad se vuelve más indispensable que nunca. Esto se demuestra en las censuras ocurridas en los últimos meses por el Inspector de Policía Mauricio Alejandro Escobar Rúa, al limitar la grabación de
la diligencia y restringir el uso de celulares.

Teniendo en cuenta el marco jurídico de Colombia, es crucial recordar que las normas constitucionales prevalecen sobre el Código de Policía y que este, a su vez, debe operar dentro de los límites establecidos por la Constitución, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión y prensa, tal y como lo recuerda la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en su comunicado del 29 de abril de 2024, en el cual se refiere a mi caso en especial, advirtiendo sobre “la falta de competencia para adelantar el proceso policivo respecto del periodista” y elevando la solicitud de desvinculación del proceso “toda vez que como se explicó su ejercicio de labor periodística no puede ser calificado como tal, con riesgo de atentar contra la libertad de expresión, de información y de prensa”.

Además, desde la primera audiencia se ha evidenciado de parte del Inspector de Policía un trato despectivo y burlesco hacia los campesinos y líderes querellados, además de otros hechos que han generado desconfianza frente al actuar del funcionario público.

Un claro ejemplo ocurrió durante la primera audiencia realizada el 16 de marzo, en la cual el Inspector desatendió la nulidad de la querella solicitada por los abogados defensores de los campesinos y líderes, pues la querella no presentaba la certificación legal de la servidumbre que dice tener allí la empresa minera. Sin embargo, para el Inspector Escobar Rúa, ese requisito no era necesario: le bastó la “buena fe” de la empresa. Vale aclarar que esta certificación lamentablemente involucra a los dueños de los predios como querellantes, lo que ha generado polarización en la comunidad.

Los abogados defensores de los campesinos y líderes recusaron al Inspector de Policía de Jericó para garantizar el respeto al debido proceso e imparcialidad en un conflicto socioambiental que trasciende las querellas que vienen afectando a los campesinos desde hace más de diez años, y que hoy
son reconocidos como sujetos de derecho.

Sebastián Garcés Piedrahíta, alcalde de Jericó, negó la recusación por improcedente y ordenó darle continuidad al proceso policial en cabeza del mismo Inspector, desatendiendo los argumentos de los abogados defensores, evidenciando su apoyo a AngloGold Ashanti y omitiendo las garantías para una
defensa imparcial, justa y transparente.

Es desolador ver cómo las autoridades locales, en este caso el Alcalde, respalda las actuaciones abusivas del Inspector, negando la justicia y la imparcialidad que la situación exige. En un contexto donde los intereses mineros desafían las tradiciones ancestrales agrícolas y el bienestar de la comunidad, la falta de garantías para la defensa se convierte en un síntoma de un sistema que privilegia los intereses corporativos extractivistas, sobre el bienestar de la población y del
medio ambiente.

Mi compromiso como periodista persiste, y mi voz se alza en defensa de la justicia, la transparencia y la salvaguarda de los derechos de la comunidad y el entorno social, cultural y natural. La verdad y la libertad de prensa son las piedras angulares de una sociedad democrática, son herramientas poderosas en la lucha contra las injusticias y la desinformación que amenazan el bienestar de Jericó, y no cesaré en mi esfuerzo por hacerlas valer en mí territorio.